El surgimiento de esta herramienta política y financiera tiene su razón de ser en causas estructurales que se basan en la exclusión social, la corrupción, el centralismo o concentración del poder, el sindiquismo o alcaldismo (versión local del presidencialismo), además de la ineficiencia de la burocracia estatal y municipal. Para romper y superar estas causas estructurales, la ciudadanía ha comenzado a demandar participación en los asuntos públicos, que por ser público tiene derecho legalmente establecido a exigir espacio y rendición de cuenta. Pero hay analizar en qué medida los mecanismos de participación construyen democracia o clientelismo.
Originalmente el clientelismo tiene su base en las sociedades tradicionales de Europa y Asia como consecuencia de las relaciones sociales de trabajo en la díada terrateniente-campesino, donde se intercambia trabajo y tierra por favores y fidelidad. Posteriormente con la presencia y control político por parte de los terratenientes se produce un solapamiento entre la relación de la propiedad privada de la tierra y la esfera pública. Este solapamiento, más tarde, conduce a la construcción de una cultura política que se adecuó a los esquemas de funcionamiento de los partidos políticos para ganar votos y adicionalmente se transmite el fenómeno a la burocracia estatal de las sociedades en tránsito a la modernidad. Desde el Estado-nación surgen las empresas públicas y las mismas se gestionan vía la militancia partidaria, la cual padece los bajos salarios, pero con poder discrecional para administrar sin control y sin contrapeso social.
Se engendra un Estado-nación con características autoritarias, corruptas, caudillistas y patrimonialista; condiciones esenciales para implantar el clientelismo. El clientelismo es una forma de intercambio de recursos de diferentes naturalezas como apoyo económico, social o servicios por lealtad, fidelidad o votos. El clientelismo es una cultura política que articula a quien tiene poder y el que espera favores de dicho poder. Es una manera de control político en una estructura económica de amplia desigualdad social. El clientelismo varía en su forma y en el lugar donde opera como cultura. Regiones, departamentos, provincias o municipios dentro de un mismo país podrían practicar el clientelismo de manera diferente; el desarrollo económico y político de los sujetos sociales es el que marca las pautas en el esquema de funcionamiento.
Si bien es cierto que el clientelismo político está definido por el beneficio particular individual; para el caso del presupuesto participativo podría definirse de cara a beneficios particulares focalizados en grupos sociales. Aunque el beneficio particular en ninguno de los dos casos podría considerarse como negativo; la gente individual y colectivamente tiene ese derecho. La dosis clientelar la pone el actor político cuando presta un servicio público a la espera de fidelidad, reverencia o un voto. O la pone el individuo cuando interioriza en su conciencia la creencia de agradecer un favor al líder político por el bienestar material facilitado.
CARACTERÍSTICAS
Podría resultar contradictorio defender que el presupuesto participativo, por un lado, busca la creación de espacios para el fortalecimiento de la democracia local y por otro lado cuestionar que puede ser un instrumento que sirve para fomentar el clientelismo político. Este dilema entre democracia y el clientelismo de los presupuestos participativos tiene un nudo muy fuerte y su desenlace pasa por comprender la relación de causalidad de esta convivencia; los contextos socio-políticos y económicos de cada país; la diversidad de actores políticos cuyos liderazgos, en unos casos responden a un proyecto político ideológico y en otros casos a iniciativas particulares; la debilidad o fortaleza institucional de la administración pública y el rol protagónico del movimiento social.
A continuación se presentan las características más importantes y las condiciones creadas para facilitar la vigencia del clientelismo en el marco del presupuesto participativo:
Monopolización de las relaciones. Regularmente las relaciones e intercambio son centralizadas por la autoridad principal (alcalde, síndico o prefecto). El ámbito legislativo se integra en la parte formal de aprobación del presupuesto. El alcadismo o sindiquismo es la versión del presidencialismo en el ámbito local. Se pierde el concepto de inclusión política. La centralización o monopolización de la relación de la alcaldía con los actores sociales se incrementa o disminuye en la medida que los concejales o regidores presten atención a las políticas de gestión participativa y abandonen las prácticas clientelares y del “dame lo mío”.
Privilegio partidario. Las estructuras partidarias movilizan sus adeptos como una forma de ganar espacio y permanencia en el poder. Esta conducta ahuyenta la participación extrapartidaria. Es imposible e impensable una democracia participativa cuando existen intenciones y concepciones de excluir la diversidad social. En esta práctica política se esconde una actitud de autosuficiencia partidaria para dar respuesta a las demandas sociales de los grupos territoriales vinculados políticamente de manera directa e indirecta.
Cooptación del actor social. El actor independiente y con poco o ningún compromiso político tiende a ser cooptado. Hay un cambio de prestigio ganado voluntariamente por una posición pública donde se recibe una paga. Con esto se busca que la visión crítica del gestor comunitario sea neutralizada y se produzca una transferencia de liderazgo social hacia la estructura pública. Esta transferencia regularmente es explotada y capitalizada por el actor político-partidario.
Ritual y ceremonia. Regularmente hay un ritual o ceremonia de agradecimiento a la autoridad mayor a la hora de concretarse el intercambio. Se agradece al alcalde el haber “prestado atención” a la comunidad. Se obvia el derecho ciudadano a recibir bienestar económico y social; pero también la autoridad obvia que está cumpliendo con un deber.
Intercambio de objetos materiales. El intercambio tiene como propósito facilitar cosas materiales como servicios e infraestructuras más que conocimiento sobre derechos, deberes y construcción de ciudadanía. Cuando se pasa balance a las inversiones aprobadas y ejecutadas se podrá notar que en la mayoría de los casos responden a la construcción de obras físicas y se evaden o ignoran los cálculos económicos para fortalecimiento de las organizaciones que deben gestionar los procesos de los presupuestos participativos.
Relaciones basadas en desigualdades sociales. Las relaciones están basadas en desigualdades sociales entre la autoridad local de mayor rango y los sectores pobres de barrios, favelas o parroquias. La pobreza es una oportunidad para la autoridad abrir los espacios de diálogo y ofertar soluciones a cosas materiales que crean expectativas y encanto en estos sectores sociales.
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