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La nómina pública
bernardo vega | elcaribe.com.do | 10-03-2003
    

Bernardo Vega es economista dominicano. Fue Gobernador del Banco Central y embajador en Washington.

En su reciente discurso, el presidente Mejía dijo que el gasto corriente había bajado de un 74% a un 71% en el 2002. Ese es un espejismo estadístico, ya que la reducción se debe a que el denominador de la fórmula porcentual, el total del gasto público, incluyó en el 2002 los gastos de inversión financiados con los bonos soberanos. Si comparamos la proporción del gasto corriente como total de los gastos financiados con impuestos, se verá que ésta ha aumentado.

El problema de la nómina tan sólo se analiza correctamente evaluando el total de personas que trabajan para el sector público. Esa cantidad ha ido aumentando todos los años, excepto en aquellos pocos en que los miles de empleados de los ingenios, de CORDE y la CDE pasaron al sector privado. La pregunta es si en esta época de la computadora, la privatización y las concesiones existe razón alguna para que aumente la empleomanía estatal.

También habría que analizar la orientación del incremento en la nómina. Una cosa es emplear más maestros y médicos y otra es, como ha ocurrido recientemente, incrementar el número de efectivos en nuestras Fuerzas Armadas, precisamente después de la caída del Muro de Berlín. Igualmente preocupa la tendencia del actual gobierno de establecer nuevas empresas estatales, financiadas con préstamos con bancos extranjeros. El astillero de la Marina de Guerra en Las Salinas y el mercado agrícola en la autopista Duarte, más los invernaderos, son apenas dos ejemplos de empresas que no competen al Estado, para no mencionar al Plan Renove, que será pagado por los contribuyentes, pues la experiencia ha demostrado que los beneficiarios de los vehículos no repagan al Banco de Reservas y ni siquiera a un banco privado.

El argumento de que el Estado tiene que inflar la nómina para combatir el desempleo es falso. Las empresas de zonas francas y el turismo emplean más gente que todo el sector público. Una ley tope, que establezca el máximo de personas que puedan trabajar en el sector público, vigilada por una Contraloría General de la República verdaderamente independiente, podría ayudar a resolver el problema.

El Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, obliga al gobierno a llevar ?las nóminas a los niveles de agosto del año 2000?. Eso implicaría una reducción de unos 44,000 empleos con relación al nivel de la nómina de septiembre pasado. Sin embargo, ya el secretario Técnico de la Presidencia ha interpretado ese acuerdo como significando un tope a la proporción del valor de la nómina como porciento del gasto total, lo que, con los bonos soberanos del 2003, implicaría mantener la misma sin modificación.

La solución de un préstamo del Banco Mundial que sería utilizado como colchón social de un recorte de la nómina, es técnicamente correcta. Sin embargo, desde el punto de vista político y tomando en cuenta los largos meses que toma negociar el préstamo y su posterior viacrucis por nuestro Congreso, sería una forma de dejar la papa caliente al próximo presidente.


 

 

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